- En Chillán, dos mujeres fueron violentamente detenidas por funcionarios de la Policía de Investigaciones, sin una orden judicial. Mientras que dos hombres fueron allanados por Carabineros de Chile, uno en Concepción y otro en Peñalolén, RM.
- En ninguno de los procedimientos había orden judicial, sólo denuncias anónimas. Todos los pacientes contaban con receta médica, y sus cultivos estaban destinados a uso medicinal. Práctica que es lícita en Chile.
Jueves 18 de febrero 2021.- Esta mañana hubo dos allanamientos simultáneos a usuarios medicinales de cannabis, uno en Chillán y otro en Concepción. Los que se suman a los de ayer miércoles, uno también en Chillan y el otro en Peñalolén, Región Metropolitana. Del total de pacientes criminalizados en las últimas 24 horas, tres pertenecen a Fundación Daya. Todos cuentan con su receta médica vigente.
Sin duda los procedimientos más violentos fueron los perpetrados por la Policía de Investigaciones de Chillán, quienes llegaron prepotentes y sin orden judicial a la casa de dos mujeres, pacientes de Fundación Daya de esa región. Les quitaron sus plantas y las detuvieron. Una de ellas es Rosa Salazar, de 55 años de edad, con Fibromialgia y una hija con discapacidad mental y física. Estuvo esposada en el calabozo durante cinco horas.
Rosa es conocida en la zona porque desde hace años vende frutos secos en un carrito afuera de un supermercado del centro de la ciudad, siempre acompañada de su hija Camila del Pozo, con discapacidad total debido a una asfixia en el parto. La joven que tiene 33 años pero se ve como una niña, también es paciente de Fundación Daya Chillán, usa aceite de cannabis para la epilepsia que sufre. Hay que darle de comer, mudarla y puede caminar sólo con asistencia.
La mañana del miércoles 17 de febrero, un grupo de tres detectives golpeó la puerta de esta madre y su hija, la amedrentaron para que los dejara entrar a la casa sin una orden judicial. Le quitaron su indoor que había comprado con esfuerzo y tres plantas.
“Yo sé que no tengo que dejar entrar a los policías sin una orden porque no corresponde pero me amenazaron, cuando les pedí la orden me dijeron ‘¡Ah, eres chorita! ¿Quieres que volvamos con los perros?’. Estuvieron una hora dando vuelta la casa, revisaron todos los cajones, todas las habitaciones, decían ‘¡¿Dónde están los paquetitos?!’ Yo les decía que no había nada, les mostraba las recetas médicas mías y de mi hija, todos los antecedentes médicos, ellos veían a mi hija inmóvil y aterrada en su cama… arrancaron mis plantas de los maceteros, se llevaron mi indoor y me llevaron detenida. Me sacaron esposada con todos mis vecinos mirando”, cuenta esta madre soltera.
No les importó que Rosa tuviese que dejar a su hija sola, apenas le permitieron mudarla antes de irse detenida, incluso se negaron a dejarlas solas en la habitación y tuvo que cambiarle los pañales con un detective supervisando. Tampoco le permitieron llamar a una amiga para que cuidase de la joven, teniendo Rosa que dejarla con un vecino de la cuarta edad, sin las competencias para atenderla adecuadamente. Ese es el nivel de vejación. Luego de ser trasladada al cuartel, estuvo esposada durante las cinco horas que duró la detención, en el calabozo. A punto de colapsar, la amenazaron diciéndole que si se desmayaba tendrían que llevarla al Hospital engrillada y sólo le dieron un vaso de agua. Luego de las gestiones de Ana María Gazmuri, directora de Fundación Daya, con la Defensoría Penal Pública, como es habitual en estos casos, y de estos con Fiscalía, la dejaron ir, sin siquiera dejarla citada. No le devolvieron ni sus plantas ni su kit de cultivo en interior.
“Tuve que controlarme para no desvanecerme, yo les decía de mi enfermedad y uno de ellos me respondió ‘La fibromialgia no existe, eso lo inventó Fundación Daya’… me dejaron ir porque obviamente acá no hay tráfico, no hago nada ilegal. Ni siquiera me pidieron perdón, me quitaron mi indoor y mis plantas”, cuenta desde su casa en el centro de Chillán. “Cometieron un abuso conmigo y con mi hija”.
Los allanamientos e incautaciones perpetradas por las Policías con la anuencia del Ministerio Público a usuarios medicinales de cannabis se han intensificado. El escenario es crítico, sólo en los últimos 15 días se han registrado 10 casos de criminalización cargados de violencia, a lo largo de Chile. La injusta persecución afecta tanto a pacientes de Fundación Daya como de otros centros médicos, e incluso a consumidores personales o recreativos. El equipo de Daya apoya a todos aquellos vulnerados en sus derechos.
La representante de Daya Chillán, Silvia Hernández, ha acompañado a Rosa en estos difíciles momentos y esta mañana, además, asistió a otra paciente en la misma situación. Se trata de Camila Barra, de 27 años, quien tuvo una crisis tras ser allanada y detenida por la misma Policía de Investigaciones y quien hasta el cierre de esta nota permanecía en el Hospital Regional, incomunicada y esposada a la camilla, ya que el fiscal Álvaro Serrano decidió que debía pasar mañana a control de detención, en el mismo recinto hospitalario. Su situación de salud mental es crítica producto de estas graves vejaciones, lo que la mantiene muy descompensada, lejos de su pequeña hija de dos años.
“Camila es una paciente antigua, lleva más de tres años con nosotros, vive con su madre y su hija, los detectives amenazaron a la señora para entrar sin orden judicial y se llevaron todo, indoor y plantas. Con este caso más el de Rosa de ayer, suman a dos mujeres de nuestra comunidad y sus familias, violentadas por la misma unidad policial. Exigimos al Gobierno que detenga este abuso”, agrega Silvia, quien denunció amedrentamientos de los efectivos por hacer un video en vivo denunciado la situación desde las afueras del cuartel policial de Av. O’Higgins de esa ciudad. Además, no la dejaron entrar para ayudar a ninguna de las detenidas.
En cuanto a los otros dos casos, uno es un paciente de 39 años de edad de la comuna de Peñalolén en la Región Metropolitana, quien recibió la visita de Carabineros en su domicilio, quienes sin orden y sin respetar la receta médica, le quitaron sus plantas. Mientras que otro usuario que no pertenece a Daya, quien contaba con la prescripción de su médico -uno de los cientos de facultativos que hoy acompañan a sus pacientes en el uso medicinal del cannabis-, fue detenido por Carabineros de Concepción.
Es importante recordar que los cultivos personales de cannabis destinados a uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo, en este caso medicinal, no están penalizados en la Ley 20.000. Estas arbitrariedades demuestran una vez la urgente necesidad de aprobar la Ley Cultivo Seguro, detenida en el Senado de Chile desde el 2018, en la Comisión de Salud presidida por la senadora Carolina Goic, quien ha rechazado poner en tabla el proyecto de Ley a pesar de que la presidenta del Senado, la senadora Adriana Muñoz se lo ha solicitado formalmente y con urgencia.
RECOMENDACIONES ANTE UN INMINENTE ALLANAMIENTO
En este contexto, vale la pena recordar algunas medidas de protección ante los allanamientos:
- No deje ingresar a su casa a Carabineros o PDI si no tienen una orden judicial para hacerlo. Si a pesar de ello insisten en entrar al domicilio o dicen tener orden verbal, no les impida el ingreso pero abstenerse de firmar la autorización de ingreso al domicilio.
- Si puede, debe grabar con un celular todo el procedimiento, tiene derecho a hacerlo.
- Si tiene receta médica, certificados, exámenes y/o cualquier documentación que acredite el uso medicinal del cannabis, debe exhibirla ante las policías.Sugerimos además tener estos documentos respaldados digitalmente (escaneados o fotografiados)
- Recordar que los cultivos de cannabis para consumo personal no requieren autorización del SAG (generalmente la piden, pero no procede). Jamás se ha entregado un permiso del SAG a una persona natural, solo se entregan a cultivos industriales; nadie está obligado a lo imposible.