Santiago, 13 de agosto 2020. La mujer de 43 años, deja tres hijos, dos menores de edad, que la acompañaron durante el difícil proceso judicial que persiguió su decisión de tratar los fuertes dolores por lesión medular y paraplejia con Cannabis Medicinal. Decisión que la convirtió en uno de los rostros más importantes de Fundación Daya, en la lucha por los derechos de los pacientes. Fallece sin poder acceder a su tratamiento y a sólo días de conocer su absolución.
Con una discapacidad física del 70% de su cuerpo, certificada como paciente SENADIS (Secretaría Nacional de Discapacidad), y víctima de una negligencia médica, Vilda Meza decidió enfrentar los dolores de su paraplejia y lesión medular con aceite medicinal de cannabis y vaporización de flores de cannabis. De esa forma, dejaba atrás el consumo de fármacos como morfina y clonazepam, que le generaban efectos secundarios difíciles de soportar. Su condición mejoró de manera evidente al comenzar su uso de cannabis medicinal.
Sin embargo, ni el Estado de Chile, ni las policías, comprendieron la decisión terapéutica de Vilda. Fue allanada y tratada como narcotraficante, a pesar de estar postrada, y contar con todos los documentos médicos que acreditaban su condición, en su domicilio en Doñihue, en la Región de O’Higgins.
El allanamiento e incautación de sus plantas, destinadas a la preparación personal de aceite medicinal y vaporización, significó detener su tratamiento y agudizar sus síntomas. A pesar de las crisis, nunca quiso acceder al cannabis de manera ilegal y soportó el deterioro de su condición, como parte de su lucha por los derechos de los pacientes.
El Estado de Chile, no sólo le negó la posibilidad de fabricar su propio aceite bajo los estándares certificados por Fundación Daya y las autorizaciones médicas correspondientes, sino que además, le privó la posibilidad de acceder al único aceite cannábico en Chile que se vendía a bajo costo, al prohibir la comercialización de Cannabiol.
Durante el año 2019, el Instituto de Salud Pública prohibió la venta de Cannabiol, aceite producido en Chile y comercializado a un costo promedio de 30 mil pesos el tratamiento mensual, pero autorizó la venta de un aceite importado de la misma calidad, a un valor promedio de 600.000 pesos mensuales, restringiendo el acceso universal.
Durante meses, Vilda Meza enfrentó la criminalización y diversas audiencias judiciales, en los que tuvo que demostrar una y otra vez, junto a los profesionales que la atendieron, su dramática condición de salud que sólo se aliviaba con la terapia cannábica a la que no tuvo acceso los últimos meses de vida. La Defensoría Penal Pública la defendió y acompañó en este proceso, siendo su defensor Leonardo Díaz, quien el pasado lunes había logrado su sobreseimiento; el Ministerio Público insistió en apelar la resolución judicial, en una actitud incomprensible. Vilda nos deja sin haber tenido la mínima satisfacción de ver restituida su honra, después de haber sido tratada como una delincuente.
“Sufrió una incautación de plantas de cannabis desde su domicilio, ella se encontraba postrada porque tenía una paraplejia producto de una operación por una fractura lumbar, tenía una indicación médica para utilizar el THC como terapia del dolor, por esta razón pedimos el sobreseimiento definitivo de la causa, aunque no estaba ni siquiera formalizada pero sí se le incautaron sus plantas. El 10 de agosto se hizo la audiencia, donde declaró el médico que le había recetado el THC y el tribunal consideró que efectivamente aquí había una causal de justificación que está en el inciso final del Artículo 50 de la Ley 20.000. Por lo tanto decretó el sobreseimiento definitivo de la causa de doña Vilda”, dice su abogado defensor Leonardo Díaz.
A pesar de su delicado estado de salud y su difícil situación personal, se convirtió en una activa defensora de los derechos de pacientes que deciden iniciar tratamientos alternativos, y en una víctima más de un sistema sanitario, judicial y farmacéutico, que condena a los más pobres de nuestro país, simplemente a morir.
“Aquí vemos cómo el Estado de Chile le falla dos veces a Vilda Meza; primero al deteriorar su salud producto de una negligencia médica, y luego al perseguirla y criminalizarla por hacer uso lícito de un tratamiento prescrito tanto en su Cesfam como en Fundación Daya. Hoy estamos de luto, lloramos a Vilda, quien nos deja sin tener justicia”, señala Ana María Gazmuri, directora ejecutiva de Fundación Daya.
Por otra parte, Diego Cruz, médico de Fundación Daya y tratante de Vilda Meza, afirma que “Vilda fue una mujer inspiradora, sonriente y social a pesar de sus severos dolores, muy optimista y siempre con un gran sentido del humor. El sistema (en su conjunto) en lugar de ser un aporte para ella y su condición de salud, muchas veces fue derechamente un rival más dentro de sus batallas. Sólo darle gracias a ella y su familia por permitirnos ser parte de su red de apoyo”. El doctor Cruz participó en las audiencias, señalando la pertinencia de su cultivo y tratamiento en base a cannabis, testimonio clave para la positiva resolución del juez.
Es importante recordar que esta trágica situación se hubiese evitado si la Ley Cultivo Seguro, aprobada con el 88% de los votos el año 2018 en la Cámara de Diputados, hubiese sido aprobada por el Senado. Desgraciadamente quedó detenida en la Comisión de Salud de la Cámara Alta, faltando allí un voto para ser aprobada, el voto de la Senadora Carolina Goic. Hoy ella preside la Comisión de Salud, y a pesar de que la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, le solicitó que le pusiera urgencia a este proyecto de ley, debido a la grave vulneración de derechos que sufren hoy miles de pacientes, no ha habido respuesta hasta el día de hoy, dejando a miles de familias chilenas en la mayor indefensión.
Esto, hoy se ve agravado con el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, conocido como Ley Anti Narcos, que vuelve aún más difusos los límites entre microtráfico y uso personal adulto y medicinal. Parece ser que los recurrentes fallos positivos de los usuarios medicinal y los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema no han querido ser observados por el Ministerio Público, mucho menos por el Ejecutivo. Estas acciones constituyen una permanente vulneración de derechos en nuestro país.