- Para sellar un trabajo colaborativo que realizan desde hace más de tres años, autoridades de ambas instituciones firmaron un acuerdo que permitirá brindar la mejor defensa posible a los pacientes usuarios de cannabis medicinal en todo el territorio nacional.
Viernes 15 de julio de 2022. En pleno centro de Santiago se realizó la firma de un acuerdo que oficializa el trabajo colaborativo que Fundación Daya sostiene con la DPP desde hace años, en pos de brindar los recursos legales que las y los usuarios medicinales requieren ante procesos judiciales injustos y criminalizatorios.
Nicolás Dormal, cofundador de Fundación Daya y miembro del directorio destacó que “la firma de este convenio es la consolidación de un trabajo colaborativo que venimos realizando hace más de tres años con la Defensoría Penal Pública y que ha traído importantes resultados de absolución para las y los usuarios de cannabis con fines medicinales, que han sufrido el trauma de injustos y violentos allanamientos a lo que se han sumado largos procesos judiciales con resultados absolutorios e incluso condenas en costas a la Fiscalía. Hoy solo continuamos este camino que esperamos sea por poco tiempo más y se termine esta absurda persecución”.
Para el Defensor Nacional Carlos Mora Jano, «el convenio viene a institucionalizar y potenciar el trabajo en la prestación de defensa penal a personas usuarias de cannabis y sus derivados con fines terapéuticos o medicinales que, en dicho contexto, sean imputadas por alguno de los delitos previstos en la Ley 20.000. El Convenio también busca asegurar y agilizar la entrega de información de importancia a los defensores penales públicos respecto de personas detenidas e imputadas, lo que permitirá un ejercicio más eficaz y oportuno del derecho a la defensa cuando este sea requerido. Por otra parte, a través de esta iniciativa buscamos generar instancias para el intercambio de experiencias e información técnica que pueda servir de apoyo y complemento para el adecuado ejercicio de la defensa penal pública ante los tribunales de justicia, además de compartir información relevante para el cumplimiento oportuno y efectivo de los fines de cada institución».
En la cita también participó la diputada Ana María Gazmuri, fundadora de Fundación Daya, quien recalcó que “este es un momento muy especial para mi; la firma de este Convenio de Colaboración entre la DPP y Fundación Daya es la coronación de un largo y progresivo trabajo conjunto entre ambas instituciones, que ha permitido generar una sólida jurisprudencia a favor de las usuarias y usuarios. Hoy no solo estos son sobreseídos, sino que además, en muchos casos, se está condenando en costas a la Fiscalía. Eso quiere decir que esos procesos nunca debieron iniciarse, ya que no había acto punible alguno. Infinita gratitud por caminar con nosotros hacia una sociedad más sensata y compasiva”.
Fortalecer la defensa ante procesos injustos
Por su parte Francisca Gaete, directora ejecutiva de Fundación Daya, señaló que: “Sabemos que los defensores públicos están con una altísima demanda de casos, en parte por la pobre legislación en materia de drogas que confunde usuarios personales con traficantes; y esta colaboración virtuosa permite aunar la admirable capacidad para litigar que caracteriza a los profesionales de la DPP, con la experiencia de Fundación Daya en el uso medicinal de cannabis, donde entregamos los insumos necesarios que permiten una profundidad y contundencia en la defensa de los usuarios judicializados. Este trabajo conjunto ha generado un proceso de educación y apertura en los juicios hacia una nueva mirada en torno al cannabis, donde hemos sido testigos de cómo los magistrados la han ido integrando”.
El abogado y encargado de la Clínica Jurídica de Fundación Daya, Hernán Bocaz, agregó que de lo que “estamos hablando es de personas que, sin cometer delito alguno, se ven sometidas a extensos y dolorosos procesos penales que buscan encontrar conducta delictiva donde, lo que hay, son pacientes gestionando su salud y bienestar, conforme a la ley, y que en justicia no deberían vivir este tipo de persecuciones. Es por ello que este convenio es esencial para afianzar la colaboración judicial en términos de generar mejores cánones de defensa para usuarios y pacientes que en su gran mayoría terminan siendo absueltos de estos procesos, pero con todo el dolor, la carga y el estigma de haber sido imputados por delitos que jamás han cometido. Hoy damos un gran paso para avanzar en la defensa de los Derechos Humanos de las y los usuarios y pacientes, y en otorgar dignidad a una comunidad históricamente discriminada”.